Las herramientas utilizadas para cometer graves crímenes internacionales están en constante evolución: balas, bombas, redes sociales y, quizás ahora, la inteligencia artificial. A medida que los Estados y otros actores recurren cada vez más a operaciones en el ciberespacio, este nuevo medio de diplomacia y guerra, en plena expansión, puede ser utilizado indebidamente para cometer o facilitar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio e incluso la agresión de un Estado contra otro.

A medida que evoluciona el panorama que nos rodea, la justicia penal internacional también debe adaptarse. Aunque el Estatuto de Roma (tratado internacional que creó la CPI en 1998) no contiene disposiciones específicas dedicadas a los delitos cibernéticos, estos entran en el ámbito de aplicación de numerosos delitos internacionales tal y como ya están definidos. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha subrayado que los ciberataques deben respetar los principios fundamentales de distinción y proporcionalidad, y solo deben dirigirse contra objetivos militares.

Numerosos Estados coinciden en que el ciberespacio no debe quedar al margen de toda regulación, y que el derecho internacional tiene un papel esencial que desempeñar en él. Karim A. A. Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, considera que la ley debe proteger a los más vulnerables - Las líneas del frente no son solo físicas, sino también digitales. Tienen la capacidad de infligir daños y causar sufrimientos comparables a las mismas razones por las que se fundó la CPI.

La ciberguerra no es algo abstracto. Al contrario, puede tener un profundo impacto en la vida de la población civil. Los intentos de afectar a infraestructuras críticas, como las instalaciones médicas o los sistemas de control de la producción de energía, pueden tener consecuencias inmediatas para muchas personas, especialmente para las más vulnerables. Por consiguiente, Karim A. A. Khan señala que, en el marco de sus investigaciones, la Fiscalía de la CPI recopilará y examinará las pruebas de estas actuaciones.

Las operaciones cibernéticas se utilizan a veces en el marco de una estrategia denominada «híbrida» o de «zona gris». Estas estrategias tienen por objeto aprovechar la ambigüedad y actuar en una zona difícil de definir, entre la guerra y la paz, lo legal y lo ilegal, ocultándose a menudo los autores tras actores intermedios. Este fenómeno requiere una respuesta de toda la sociedad, que aúne funciones y capacidades distintas para actuar de manera coordinada. A nivel internacional, la competencia de la CPI —claramente definida y complementaria a las jurisdicciones más amplias de los Estados— puede servir para aportar una respuesta colectiva.

En particular, como núcleo de un sistema de justicia internacional en el que los Estados, la sociedad civil y las organizaciones internacionales desempeñan cada uno su papel, la CPI puede aportar varias contribuciones. A través de sus propios procedimientos destinados a garantizar la responsabilidad jurídica, la CPI puede disuadir a los infractores. Estos procedimientos también pueden ayudar a mitigar la ambigüedad de las estrategias híbridas, reforzando el derecho aplicable y determinando la verdad de manera fiable y destacada. La Fiscalía también puede desempeñar una función de apoyo o coordinación, no solo investigando con vistas a un enjuiciamiento ante la CPI, sino también prestando apoyo a los Estados y a otras organizaciones.

En todos los aspectos, la cooperación es esencial. Es indispensable que la CPI establezca y refuerce alianzas no solo con los Estados, sino también con las empresas. Esto se reflejó en la elaboración de un documento de política por parte de la Fiscalía.

La creciente intensidad y frecuencia de las ciberoperaciones también ponen de relieve la importancia de desarrollar y mejorar las prácticas operativas de la CPI. Esto incluye garantizar que la CPI esté debidamente protegida contra las ciberoperaciones. La desinformación, la destrucción, la alteración de datos y la divulgación de información confidencial pueden obstaculizar la administración de justicia en la CPI y, como tales, constituir delitos que entran dentro de la jurisdicción de la CPI y que podrían ser objeto de investigación y enjuiciamiento.

Se dice que incluso visionarios como Albert Einstein temían que la tecnología acabara por superar nuestra humanidad. Sin duda, nos veremos puestos a prueba. Pero gracias a nuestros esfuerzos comunes —y, sobre todo, a la convicción de que podemos movilizar el derecho en estos nuevos frentes para hacer justicia—, podríamos garantizar colectivamente la creación de un mundo más humano. La CPI desempeñará su papel, ahora y en los años venideros.