A partir del 11 de septiembre de 2026, el descubrimiento de una vulnerabilidad que se esté explotando activamente en un producto digital ya no solo dará lugar a una carrera técnica para encontrar una solución. Para los fabricantes afectados, también podrá dar inicio a una cuenta atrás reglamentaria especialmente breve: deberá enviarse una primera alerta en un plazo de 24 horas.

Esta nueva obligación se deriva de la Ley de Ciberresiliencia (Cyber Resilience Act, CRA), la normativa europea destinada a reforzar la seguridad de los productos que incorporan componentes digitales.

La sustitución progresiva de Microsoft Teams por una solución francesa en la administración supone un hito importante en la política digital del Estado. Lejos de ser un simple cambio de herramienta colaborativa, esta decisión se inscribe en una estrategia más amplia destinada a reforzar la soberanía digital, la protección de los datos sensibles y el control de los riesgos tecnológicos.

Cuando pensamos en el RGPD, a menudo nos vienen a la mente las restricciones normativas, el registro de tratamientos, la política de privacidad o, incluso, lo consideramos un «mal necesario» para evitar las sanciones de la CNIL. Es una visión comprensible, pero muy simplista. Y es que, más allá de este marco normativo, el RGPD influye profundamente en la madurez digital y la postura de ciberseguridad de las empresas.