El mundo de la ciberseguridad estadounidense se ha visto sacudido tras el anuncio de Donald Trump, quien ordenó, el pasado 9 de abril, la suspensión de las autorizaciones de seguridad de los empleados de la empresa SentinelOne y la apertura de una investigación contra Christopher Cox Krebs, más conocido como Chris Krebs, antiguo director de la CISA, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (el equivalente a la ANSSI en Estados Unidos), y ahora exdirectivo de SentinelOne. Esta medida, motivada por razones esencialmente políticas, supone una grave ruptura en las relaciones, tradicionalmente apolíticas, entre el sector privado y la esfera pública en el ámbito de la ciberseguridad.

La empresa SentinelOne, actor clave en el ámbito de la ciberseguridad, ofrece soluciones de protección de terminales, identidades y la nube, basándose en la inteligencia artificial para detectar, responder y remediar automáticamente las amenazas a las que se enfrentan tanto las empresas como las instituciones gubernamentales.

Chris Krebs, nombrado por el propio Trump en 2018 al frente de la CISA, había afirmado públicamente tras las elecciones presidenciales de 2020 que la votación había sido «la más segura de la historia de Estados Unidos», lo que contradecía directamente las acusaciones infundadas de fraude electoral difundidas por Trump y sus seguidores. Esa declaración provocó su destitución… mediante un simple tuit de Donald Trump el 17 de noviembre de 2020, poco antes de que finalizara su mandato.  

Su contratación por parte de la empresa SentinelOne a principios de 2024 como director de Inteligencia y Políticas Públicas no tenía nada de excepcional en un sector acostumbrado a contratar a antiguos responsables públicos. Pero el 9 de abril de 2025, todo da un vuelco: Trump, de vuelta en el poder, firma un decreto por el que se suspende no solo la habilitación de Krebs, sino también la de otros empleados de SentinelOne. 

Lo que quizá resulte aún más alarmante que la propia decisión es la reacción —o, más bien, la falta de reacción— del sector, que parece paralizado. Solo Cyber Threat Alliance, encabezada por Michael Daniel, se ha pronunciado públicamente: «El hecho de atacar a una empresa porque al presidente no le gusta alguien de esa empresa es un ejemplo de la militarización del Gobierno federal contra la que el memorándum pretende luchar».

¿Y si este silencio revelara el temor a una represión política más amplia? La amenaza ya no recaería únicamente sobre los individuos, sino sobre todo el ecosistema cibernético estadounidense, donde hasta ahora prevalecía la neutralidad política.

Por su parte, SentinelOne ha intentado limitar el impacto. La empresa ha anunciado que las restricciones no deberían «afectar de manera significativa a su actividad», pero sus acciones en bolsa cayeron un 7 % en un solo día. Chris Krebs, consciente de lo que estaba en juego, anunció rápidamente su salida de SentinelOne para proteger a la empresa y llevar a cabo su lucha personal, tal y como afirma en su carta de despedida publicada en LinkedIn: «Esta es mi lucha, no la de la empresa» y, más adelante,  «Es una lucha por la democracia, la libertad de expresión y el Estado de derecho. Estoy dispuesto a darlo todo».

El caso SentinelOne-Krebs ilustra una nueva realidad: el uso del poder federal estadounidense para actuar no contra acciones ilegales o incumplimientos técnicos, sino contra personas y empresas por motivos políticos.

Históricamente, la ciberseguridad siempre ha gozado de una relativa inmunidad frente a las disputas partidistas, con un consenso en torno a la protección de las infraestructuras críticas nacionales. Esa neutralidad se ha roto hoy. Peor aún, el ataque contra SentinelOne rompe un «pacto tácito» según el cual contratar a antiguos altos funcionarios no exponía a las empresas a represalias. Ahora, todo el sector se encuentra expuesto al riesgo de medidas políticas arbitrarias.

El miedo que hoy paraliza al sector podría, a largo plazo, disuadir a los mejores expertos de incorporarse a la función pública, sabiendo que una afiliación pasada podría poner en peligro su futuro profesional. A la larga, podría verse debilitada la propia eficacia de la ciberseguridad nacional. La luna de miel entre los gigantes tecnológicos y la nueva Administración, que prevalecía desde la elección de Trump, parece estar llegando a su fin.   

El caso SentinelOne no es un simple episodio político. Constituye una advertencia para todo el sector de la ciberseguridad: la neutralidad, que antes era garantía de estabilidad, se ha convertido en una zona de riesgo que puede ser barrida por un simple ajuste de cuentas o una simple diferencia de opiniones. Queda por ver si otros actores se atreverán a romper el silencio para defender los principios fundamentales sobre los que se sustenta el ecosistema de la ciberseguridad y, en un sentido más amplio, la libertad de expresión.